Para la obra, la empresa privada -que ahora se llama Genneia- logró que dos jefes militares de Río Mayo le alquilaran recursos estatales. El convenio no respetó los procedimientos de la ley, dijo la Justicia.

Una jueza del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia criticó duramente el contrato que firmaron dos militares con Emgasud (hoy reconvertida en Genneia) para ayudar a esta empresa privada con máquinas y personal estatal en la construcción del Gasoducto Cordillerano.

Nora Cabrera de Monella votó por condenar por peculado al teniente coronel José Eugenio Castiglione y al mayor Luis Daniel Molina, primero y segundo jefe del Batallón de Ingenieros 9 de Río Mayo. Los otros dos jueces del TOF, Enrique Guanziroli y Pedro de Diego, coincidieron en la descripción de los hechos irregulares pero absolvieron a los imputados al considerar que no se habían beneficiado personalmente con el contrato. El Ejército sancionó a Castiglione por este episodio.

El caso se inició con una denuncia anónima que en mayo de 2005 recibió por OCA la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio. Alguien le contó múltiples irregularidades en el Batallón de Ingenieros 9 de Río Mayo, incluyendo alquiler de máquinas y equipos viales, y uso del personal militar, sin autorización, a favor de Emgasud.

Molina reconoció la firma del contrato. Pero aclaró que la plata no fue para su provecho: los 102.862 pesos se usaron en mantenimiento, compra de repuestos y arreglos en la unidad militar.

Argumentó que el gasoducto era una obra de interés municipal, provincial y nacional. Y que los recursos del Batallón se usaron ya que en Río Mayo no había otras máquinas y personal. Lo más cerca era Comodoro Rivadavia, pero era una época de cortes de ruta y conflictos petroleros. Fue indispensable usar máquinas del Ejército.

Fue la empresa privada la que buscó ayuda en el Batallón para acordar el uso de maquinaria. El convenio se formalizó entre el jefe del Batallón, Castiglione, y la responsable de la empresa.

Molina poseía una cuenta en la Mutual “Sociedad Militar y Seguro de Vida”, que casi no usaba. Estaba en cero pero tenía una tarjeta bancaria para extraer dinero de cualquier cajero de Banelco. Como el obrador de la empresa en Río Mayo no tenía tanto dinero para los pagos acordados, se decidió que Emgasud depositara en esa cuenta personal. El Comando nunca supo de este trato.

La maquinaria usada por Emgasud la operó personal militar. Molina sacaba la plata en persona del cajero de Río Mayo y la dejaba en la caja fuerte de la Jefatura del Batallón. Lo gastó de acuerdo a lo que el Batallón necesitó, todo con factura para evitar sospechas. También viáticos a los militares que trabajaron en la obra.

Al analizar los episodios, la jueza Monella consideró que Castiglione y Molina habían usado militares bajo sus órdenes y equipos del Ejército Argentino a favor de una empresa privada. A cambio cobraron dinero depositado en una cuenta particular sin conocimiento ni autorización de sus superiores.

El contrato se firmó el 17 de mayo de 2005 e incluía transporte de equipos y combustible con tractores y camión cisterna, además de carga y descargar material con grúas. Los servicios debían ser prestados en el obrador de Emgasud en Río Mayo o a lo largo de la línea del gasoducto, cerca de esa localidad. A las órdenes las daba la empresa.

Por importante que fuera la obra, Castiglione no estaba autorizado a firmar un convenio así en representación del Ejército. Por eso carece de validez. Tampoco pidió habilitación. Son requisitos que se cumplen hasta cuando se alquila un puente Bailey.Ambos militares lo sabían.

“Se trató de un arreglo privado entre ambos, carente de los requisitos formales y reglamentarios, como el sellado de ley. Se ofreció desde el inicio y se utilizó al concretarse la maniobra, una cuenta privada, no una oficial como correspondía a una operatoria oficial legal”, escribió la jueza.

Hubo siete pagos de $6.240, $ 14.190, $ 11.332, $ 28.240, $ 12.490, $15.120 y $ 15.250. Fueron a la cuenta mutual personal del segundo jefe del Batallón. El dinero nunca ingresó a las cuentas oficiales del Ejército Argentino ni al Comando de Ingenieros, ni al Estado Nacional..

Para la magistrada, “no se demostró la urgencia que ameritara sortear los procedimientos de la ley”. El invierno y sus consecuencias eran parte de la obra que debía afrontar la empresa y no responsabilidad del Ejército. “Los vehículos, camión cisterna y tractor, o maquinaria como una grúa, para un trabajo de esas características son fácilmente accesibles de contratar en esa localidad o en Comodoro, distante sólo 250 kilómetros, y obviamente previsibles para una empresa que tenía a su cargo semejante obra pública”.

“Río Mayo no está aislada ni incomunicada, cuenta con servicios de correo, telefonía, fax que permitían solicitar y cumplimentar todos los pasos administrativos legales. La utilización indebida de los servicios y trabajos pagados por el Estado a favor de Emgasud no tiene justificación”.

Eran militares a sueldo de Nación para funciones en el Batallón. “Sin embargo en vez de ello estaban realizando trabajos para una empresa privada, bajo su dirección y en beneficio de ésta”. Lo mismo sucedió con las máquinas. (Jornada)

Lunes, 8 de diciembre de 2014