Fue en el estado de Guerrero, en el sur del país. Aún no está claro que algunos de esos cuerpos pertenezcan a los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela norma de Ayotinapa.

Esos cuerpos fueron encontrados por integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), durante una "búsqueda ciudadana" de los llamados "los otros desaparecidos" (personas que desaparecieron en hechos distintos del de los estudiantes).

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Por otra parte, se supo que México invirtió en los últimos siete años sin éxito una suma equivalente a 2.100 millones de dólares para mejorar los cuerpos de policía municipales que ahora se busca disolver, según datos publicados hoy por el diario capitalino Reforma.

Una de las alcaldías beneficiadas fue la de Iguala, la ciudad de 140.000 habitantes donde el 26 de septiembre los alumnos fueron capturados por policías municipales que los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, que supuestamente los mató y los calcinó en el cercano municipio Cocula.

Esa noche, policías municipales de Iguala y miembros de Guerreros Unidos atacaron al grupo de estudiantes de Ayotzinapa y también a un equipo juvenil de fútbol, y entre ambos hechos dejaron seis muertos y 25 heridos, además de los 43 desaparecidos.

Entre 2008 y 2012 Iguala recibió unos 3,5 millones de dólares de ese fondo especial. El salario de los agentes en esa ciudad es de unos 565 dólares, indicó el periódico.

En tanto, brigadas de voluntarios y elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron hasta ahora más de 50 fosas clandestinas y exhumaron 17 cuerpos solo en la última semana.

Aunque se duda de que los restos correspondan a los estudiantes desaparecidos, las familias de 375 personas de Iguala y sus alrededores de las que no se tienen rastros acudieron ante las autoridades a aportar muestras genéticas para ser contrastadas con las osamentas encontradas.
Los más recientes hallazgos se realizaron en los lugares que la Upoeg dejó marcados durante una "búsqueda ciudadana".

Originalmente, la PGR acusó a esa organización de mentir sobre sus hallazgos, pero a partir de ayer miércoles acudieron a lugares señalados por la entidad y peritos que constataronlos descubrimientos.

En Lomas de Zapatero, donde la PGR ya había exhumado cadáveres en octubre, fueron encontrados los restos de 10 personas y en La Laguna, una zona pantanosa, se hallaron otros seis, así como una mujer en un campo de cultivo de maíz.

Por otra parte, el secretario de Gobernación (ministro del interior), Miguel Osorio, y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, tenían previsto firmar hoy en Iguala un convenio para implementar las policías estadales únicas anunciadas esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto en sustitución de la fuerza municipal, informó el alcalde Silvano Mendiola.

El alcalde afirmó que el municipio de Iguala recuperó su vida normal y la institucionalidad. "Hay certidumbre, la gente ha vuelto a confiar en sus autoridades, lo podemos decir porque ya no hay la calma tensa que estaba", aseguró.

Originalmente estaba previsto que Peña Nieto viajara a Iguala, en la que hubiera sido su primera visita al municipio, pero finalmente desistió de hacerlo y en su lugar firmarán el acuerdo los funcionarios federales mencionados.

Peña Nieto presentó el lunes en el Congreso un proyecto que propone disolver de manera obligatoria los 1.800 cuerpos de policías municipales y sustituirlos por 32 cuerpos estatales con mejor capacitación y salarios.

Una iniciativa similar ya había sido impulsada por el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, pero no se concretó. Según el actual mandatario, los policías municipales representan actualmente 32 por ciento del total de agentes en el país y están mal distribuidos.

En cuanto a los salarios, los agentes municipales, que son los más propensos a ser infiltrados por el crimen organizado, son los que menos ganan: 40 por ciento tiene ingresos de 322 dólares y menos de cuatro por ciento gana más de 840 dólares.

En tanto, las bancadas parlamentarias del gobernante y centrista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el derechista Partido de Acción Nacional (PAN) de la Cámara de Diputados retomaron un dictamen de reforma de la Constitución para definir el derecho ciudadano a la movilidad, pero que en realidad autoriza "al Estado a buscar mecanismos alternativos" para regular el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación.

El 23 abril la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con la finalidad de incluir el derecho a la movilidad, y el documento fue congelado en la mesa directiva.

Ayer, en el contexto de las movilizaciones en todo el país para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, esos partidos incluyeron el tema en el orden del día.

Amalia García Medina, diputada del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la comisión que avaló el dictamen en abril junto con sus compañeros Julio César Moreno, José Ángel Ávila y Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que entonces "México era otro". Resaltó que regular la libertad de expresión, asociación, de petición, de reunirse en asamblea, entre otras, violaría los artículos 8, 9 y 35 de la Constitución.

Jueves, 4 de diciembre de 2014