La Cámara baja convalidó y envió al Senado el proyecto de ley complementario del Nuevo Código Civil y Comercial, por el cual se regulan las técnicas de reproducción humana asistida y la protección de los embriones no implantados, poniéndola bajo la supervisión del Estado.

La iniciativa fue votada tras más de dos horas de debate con 205 votos a favor y 11 en contra, como resultado de las posturas expresadas más por motivos personales que por disciplina de bloque, debido a que se trata de un tema social en el que prima la libertad de conciencia.

En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Salud, Andrea García (FpV) explicó que “las personas que se sometan a estas técnicas pueden aportar su propio material genético o recibir gametos femeninos o masculinos aportados por terceros”, que las mujeres podrán donar "hasta los 35 años, y los hombres hasta los 40”.

Los donantes deberán “someterse a un estudio clínico sujeto a protocolo para detectar posibles enfermedades” aclaró y precisó que “el texto dispone cómo debe crioconservarse el material genético, con sus plazos y modalidades". También establece "el derecho a la confidencialidad y la reserva de la información para los aportantes”.

“Todo aportante deberá formalizar en convenio escrito con el centro de salud su declaración de voluntad informada”, dijo la diputada y señaló que "el material genético se puede usar hasta en un máximo de seis personas o parejas”.

García aclaró que “se prohíbe la comercialización de embriones y gametos crioconservados” y que “una vez transcurridos cinco años desde el momento del aporte de gametos, si éstos no fueron utilizados en estas técnicas deberán ser descartados”.

Una de las voces que se expresaron más radicalmente en contra del proyecto fue la de la puntana Ivana Bianchi (Compromiso Federal), quien expresó su “total desacuerdo con la manipulación de embriones”.

“¿Sobre qué motivos jurídicos estamos realizando esta manipulación? Se están destruyendo numerosos seres humanos”, cuestionó la legisladora, para quien de este modo "la vida humana queda reducida a términos de utilidad biológica”.

En esa discusión de fondo, la oficialista Mara Brawer consideró que “no se considera a los embriones como 'cosas', pero tampoco se considera a los embriones in vitro 'personas', no porque lo digamos nosotros, sino porque ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Por la Coalición Cívica, Elisa Carrió dijo que “el problema de los embriones no hay que ponerlo en el tema 'persona', porque en realidad nadie sabe cuándo hay una persona, ni siquiera desde el punto de vista espiritual: Lo que sí hay en un embrión congelado es una posibilidad de vida”.

En tanto, Jorge Triaca, de Unión Pro, remarcó que “el proyecto no es para nada coherente con su título porque sobre la protección de los embriones no implantados hay muy poco”.

Una de las impulsoras de la iniciativa, la kirchnerista María del Carmen Bianchi, expresó que “con la votación de este proyecto se garantiza el rol del Estado como regulador y garante de las formas de la implementación de las prácticas, preservando la visión ética de que se trata de material genético humano".

"También se privilegia que las relaciones jurídicas surgidas de la aplicación de las técnicas guarden estricta observancia de la normativa nacional e internacional, desde la ley 26.862, el Código Civil y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la perspectiva de observancia de los derechos constitucionales y los derechos humanos en general”, aseguró.
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Jueves, 13 de noviembre de 2014