El Municipio logró otro veredicto judicial a su favor en el litigio que le sigue la familia Aristizábal, por la expropiación de 600 hectáreas en las que la Comuna comenzó a hacer movimientos de suelo para un futuro basural.

Las 600 hectáreas fueron expropiadas por la Cámara de Diputados de la provincia con la finalidad de crear un polo de servicios básicos para la villa turística. Una vez expropiadas, las tierras pasaron del dominio provincial al local.
En parte de las tierras funciona el circuito de automovilismo con pista de tierra y cerca de allí, el Municipio había comenzado a construir grandes fosas de tierra para el nuevo basural.
Pero en 2012 la juez civil de El Calafate, Florencia Viñuales, trabó los trabajos, decretando una medida cautelar a pedido de la familia a la que le fueron expropiadas las tierras.
Los ex propietarios plantearon su desacuerdo con la expropiación, por el monto abonado por Provincia.
Entre los argumentos a su oposición, la familia presentó una queja formal porque no se conocía ningún Estudio de Impacto Ambiental sobre los trabajos para un nuevo basural.
Casi dos años después, el Municipio presentó un Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).
Comenzando marzo de este año, la juez calafatense levantó la medida cautelar y con ello, el Municipio volvió a tomar control de las tierras y empezó a tirar residuos en algunas de las fosas que habían quedado construidas, para descomprimir el predio de residuos que se ubica en plena ciudad.
Pero el proyecto es más amplio, ya que dos posibles medidas de financiamiento de Nación serán aplicadas para mudar el basural calafatense y construir una nueva planta de tratamiento de residuos.
Los representantes legales de la familia Aristizábal apelaron la decisión de levantar la medida cautelar y aceptar el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la UNPA de la juez Viñuales.
La parte presentó un informe firmado por dos ambientalistas de fuera de Santa Cruz que hacen observaciones al estudio de la universidad, lo que fue la base de la apelación presentada ante la Cámara Civil que presidente la doctora René Fernández.
Al terminar la semana pasada, las partes fueron notificadas de la decisión de ese órgano judicial. La apelación fue rechazada y con ello, el Municipio logró un paso importante para la expropiación definitiva.


Martes, 13 de mayo de 2014