Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal n° 2, rechazó los pedidos formulados por condenados o procesados en causas vinculadas a asaltos a mano armada y homicidios.

El titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Caleta Olivia, Gabriel Contreras, denegó los pedidos de prisión domiciliaria que recibió en su despacho por parte de detenidos en comisarías y en la alcaidía. La solicitud se basaba en el argumento de que corren riesgos de contraer el COVID 19 en su contexto de encierro.

Además, como sucede en varias cárceles de país, en esa ciudad al menos diez internos se declararon en huelga de hambre para fortalecer su reclamo e incluso uno de ellos se cosió la boca.

Algunos ya tienen condena y dependen de la Cámara Penal y otros cumplen prisión preventiva y están a la espera de ser sometidos a juicio oral y público, por lo cual su situación procesal es resorte de los dos juzgados de instrucción locales.

El magistrado consideró que conceder ese beneficio podría implicar un alto riesgo para la sociedad. Además, evaluó que en los sitios donde se hallan detenidos se adoptaron fuertes medidas preventivas para evitar que alguno de ellos se infecte con el virus.

Uno de ellos es el que se cosió la boca. Se trata de Héctor Martín Cortés (35), quien junto a una exinspectora municipal de tránsito, María Tamara Haro (36) fueron detenidos y procesados por el asesinato del trabajador de una empresa de vigilancia, Juan Carlos Castro (42), ocurrido el 25 de julio de 2019.

El cuerpo fue hallado varios días después semienterrado en un descampado ubicado inmediatamente al sur del puerto Caleta Paula y presentaba golpes en el cráneo y una herida de arma blanca. (Fuente: El Patagónico)

Viernes, 1 de mayo de 2020