Marcela Losardo afirmó que “no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del gobierno nacional y apuntó a la Justicia por las decisiones de las prisiones domiciliarias.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró hoy que “no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus y remarcó que “es el Poder Judicial quien toma la decisión” de otorgar prisiones domiciliarias, al tiempo que aseveró que "nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos" a la calle.

Ante el debate por las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia por Covid-19, Losardo reafirmó que "el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla" y aclaró que "no es un tema del Ministerio de Justicia".

En declaraciones a radio Mitre, la funcionaria subrayó: “La posición del Gobierno la definió ayer el Presidente; no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”.

"Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos", agregó la titular de la cartera de Justicia y aseguró que, desde el Poder Ejecutivo, "no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas".

Luego, en declaraciones a Radio 10, Losardo insistió: “Es el Poder Judicial el que define si hay personas detenidas que corren riesgo de contagio y por eso deben continuar cumpliendo su condena en un domicilio con una tobillera electrónica”.

Ante los planteos de distintos sectores sobre la falta de esos insumos de control, la ministra aseveró que “hay tobilleras electrónicas y dispositivos de control”.

Respecto al rol del Ministerio de Justicia de la Nación, señaló que “lo único que se hizo desde el Gobierno es, a pedido de la Justicia, enviar un informe sobre la situación de aquellos que se encuentran detenidos en una situación de riesgo por el Covid-19, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud”.

En ese sentido, detalló que, en el informe, se incluyó a “gente que está hace tres años y está por cumplir su condena, a mujeres embarazadas, a personas enfermas con un alto riesgo en relación con el coronavirus” aunque aclaró que “es cada juez el que define la situación de cada detenido”.

En cifras, Losardo sostuvo que “se ha generado una situación que no es la real por un temor fundado o por falta de conocimiento” porque de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal de todo el país, "salieron 320 con prisión domiciliaria y lo determinó el Poder Judicial”.

Jueves, 30 de abril de 2020