Con representación de 19 provincias se firmó un documento con cuatro puntos que cuestionan las medidas adoptadas por Nación luego de las PASO.

En el mismo momento en que se dejaba en claro el enojo de casi 20 provincias argentinas, y la posibilidad de concretar acciones judiciales ante la inconstitucionalidad y lo inconsulto de las medidas, Mauricio Macri almorzaba en Olivos con “gobernadores aliados” (Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes y los representantes de CABA y PBA).

Las críticas principales de las 19 provincias presentes en la reunión del CFI surgen por lo “inconsulto” de las medidas adoptadas tras las PASO. En un duro documento de cuatro puntos consensuado por lxs presentes se dejó en claro que no se puede hacer uso de los recursos de las provincias y advierten sobre el riesgo del impacto del paquete económico que anunciara el ministro saliente Nicolás Dujovne.

En representación de la provincia de Santa Cruz estuvo el vicegobernador Pablo González, acompañado por el Ministro de Economía quien al término del encuentro en el CFI se dirigió a la reunión con sus pares para continuar analizando el impacto negativo que generan las medidas de Nación en las arcas provinciales.

Los firmantes dejaron en claro en el primer punto del documento que no están en contra de ninguna medida que pueda paliar la “grave situación económica” que atraviesan la mayoría de los sectores de la sociedad argentina, “empezando por los trabajadores y trabajadoras que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos”. Sin embargo las medidas dadas a conocer fueron realizadas de “manera inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas”, cuestionan.

Las provincias cuestionaron que se les hace compartir los “costos fiscales al no disponerse con ellas compensaciones necesarias” lo que genera “un despojo” de los recursos en una “grave situación de desfinanciamiento”.

En este sentido agregan que lo que no puede hacer el Gobierno Nacional es decidir disponer “inconstitucionalmente” de los recursos que le pertenecen a las provincias “tanto por presupuesto en ejecución, como por el Pacto Fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar la previsibilidad, que hoy de forma arbitraria se está vulnerando”.

En el siguiente punto, se manifiesta la preocupación y se deja en claro que se trata de una situación de “grave peligro” ya que las provincias no podrán afrontar sus gastos corrientes, el cumplimiento de sus obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y por ende la preservación de la paz social en cada uno de los distritos representados por los firmantes.
“No podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales” dice el duro documento y manifiesta que la situación resulta de las malas políticas económicas y financieras ejecutadas por Nación en las que las provincias “no tienen ninguna responsabilidad”, agregando que “han sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de las obligaciones y compromisos firmados”.

En tercer lugar, agregan que el accionar del Gobierno Nacional es “a todas luces tan arbitrario y perjudicial” y que priva de ingresos que por ley le corresponden a las provincias. Expresando además que las medidas ponen al “borde de una grave crisis” a cada distrito. Para quienes firman el documento, queda claro que las decisiones inconsultas de Macri pueden empujar a “la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo”.

Por último, los gobernadores, gobernadoras y vices presentes –a quienes se sumó el Ministro de Finanzas de Córdoba en representación de Schiaretti- expresan “enérgicamente” que defenderán los intereses de sus representados “si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte”.

De esta manera, le exigen al gobierno nacional que se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de servicios de seguridad, salud, educación y justicia de cada provincia.

“Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo francoi y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual”, concluyeron los 19 firmantes.

Respecto de los firmantes del documento son 19 provincias: Santiago del Estero,Tierra del Fuego, Tucuman, Rio Negro, San Luis, La Rioja, Córdoba, Formosa, La Pampa, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, San Juan, Salta, Santa Fe, Misiones, Chubut, Neuquén y Santa Cruz

Miércoles, 21 de agosto de 2019