La causa vinculada a la denuncia que el Sindicato Petrolero Santa Cruz le hizo a la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles, por apropiación indebida de fondos aportados por afiliados durante el período en que lo mantuvo intervenido, ya no está bajo la potestad del Juzgado Federal de esta ciudad. Su titular, Marta Yáñez, se declaró incompetente y la trasladó a un juzgado de instrucción provincial.

La magistrada dictó la resolución el jueves pasado por considerar que este conflicto legal “no involucra a funcionarios del Estado Nacional” ni compromete su erario, por lo cual dispuso remitir las actuaciones a un juzgado de instrucción local de turno, recayendo las mismas en el N° 2, a cargo de Gabriel Contreras.

La novedad fue dada a conocer a El Patagónico por uno los abogados patrocinantes de la Federación, Ismael Machuca, quien además hizo la salvedad de que aún está pendiente que la magistrada deje sin efecto una medida cautelar por la cual quedaron trabadas las cuentas de la entidad gremial de segundo grado.

Esto motiva que el nuevo secretario general, Pedro Segundo Milla, no pueda conducir formalmente la institución con sede en Buenos Aires.

EL CASO

Vale recordar que la Federación mantuvo intervenido al gremio petrolero de base durante dos años, desde abril de 2011 al mismo mes de 2013.

A poco de la su normalización, la comisión directiva que conduce Claudio Vidal no solo se escindió de la misma sino que también la demandó penalmente acusándola de haberse apoderado de los aportes de afiliados por un monto estimado, a valores de esa época, en unos 100 millones de pesos.

La causa que comenzó a ventilarse en el Juzgado Federal de Caleta Olivia involucró, entre otros altos dirigentes, a quien fuera el secretario general de la Federación y al mismo tiempo diputado nacional bonaerense por el Frente Renovador, Alberto Roberti; al otrora exsecretario adjunto y exgobernador de Tucumán, Julio Miranda, y a otro dirigente de la ex comisión directiva, Pedro Milla.
En línea sucesoria también quedaron vinculados el designado interventor Carlos Flaquier y tres referentes santacruceños, Rubén Retamoso, Juanito Barrientos y Omar “el perro” Méndez.

Todos fueron citados a indagatoria y el único que no se presentó fue Roberti porque falleció en mayo de 2018, pocos días antes de la fecha de su audiencia, en tanto que los restantes se habrían negado a prestar declaración amparándose en derechos constitucionales.

PLANTEO DE IMPROCEDENCIA

En octubre de ese año el caso recobró vigencia cuando arribó Pedro Milla, inmediatamente después de que asumiera la conducción de la Federación, manteniendo el liderazgo de la seccional Campana.

Lo hizo junto a otro de los imputados en la causa, el ex tesorero Juan Castro. Ambos se presentaron acompañados por el abogado local Ismael Machuca.
A diferencia de los dirigentes que se habían negado a prestar declaración indagatoria, Milla y Castro hicieron una presentación escrita planteando la incompetencia del Juzgado Federal para intervenir en esta causa, como así también sus faltas de responsabilidades en los delitos que se les imputaba e incluso apelaron la medida cautelar de embargo de bienes personales y de la Federación por considerarla “improcedente”.

Finalmente, la jueza Marta Yáñez resolvió declarar la incompetencia de su juzgado en esta causa que tipificó como “defraudación por administración fraudulenta”, dejando constancia de que ello no alteraba los “efectos jurídicos” de la misma, pero para llegar a esa instancia fue necesario recabar pruebas y llamar a indagatoria a los imputados.

En este contexto, llegó la conclusión de que “se trata de un conflicto que no involucra a funcionarios de Estado Nacional y que no comprometió al erario del mismo”, resolviendo remitir las actuaciones al juzgado de instrucción local que se encuentra de turno.

Sábado, 2 de marzo de 2019