El Gobierno elabora una estrategia para atenuar el impacto sin cambio en las reglas de juego.

Las empresas productoras de gas aceptaron una rebaja en el precio en boca de pozo que se trasladará a los usuarios en el semestre octubre-marzo: será de u$s4,10 por millón de btu, sobre un valor vigente desde abril al mes actual de u$s4,68 promedio. Pero no están dispuestas a ceder en el tipo de cambio a considerar para el traslado a tarifas.

Mientras la Secretaría de Energía que dirige Javier Iguacel propicia tomar un dólar de $31,47, las petroleras pretenden que se considere el valor promedio del dólar futuro para el semestre, aunque posiblemente terminarían cerrando si se les ofrece el tipo de cambio actual. De lo contrario, empezaríamos perdiendo, dijeron en una productora.

Esta puja se da en un escenario complicado donde asociaciones de consumidores y pymes industriales reclaman que se congelen las tarifas por 180 días debido a la recesión económica. Pero tal como están planteadas las reglas de juego, el gobierno tiene poco margen de maniobra.

Si se toma un dólar a $31,47 según la propuesta hecha por la ex Enarsa a las distribuidoras de gas, el aumento al público rondaría un 29% en octubre. Pero esa empresa estatal importa al valor del dólar al momento de pagar la factura, de modo que la diferencia en contra debería ser cubierta por el Estado. YPF, endeudada en dólares, tampoco tiene margen de maniobra, para aceptar una rebaja en el precio del gas que lo llevaría u$s3,40 si el precio de la ex Enarsa se toma al dólar de $38.

Para la petrolera estatal como para las privadas, ese valor desalentará la inversión nueva aun cuando se admite que hay una mejora de costos. Y aunque quedan los proyectos con el precio de u$s7,50 asegurado por el Estado por ahora solo para 6 áreas, a u$s 3,40 por millón de btu se estaría poniendo un techo cercano al aumento de producción registrado en los últimos meses.

En ese contexto, la alternativa que empezó a hablarse este fin de semana, consiste en cerrar ahora a un precio de u$s4,10 con el dólar de $31,47, y en enero incorporar la diferencia entre ese valor y el vigente a la fecha de pago.

Esto consistiría en un aumento en el cargo extra que se planea aplicar desde el 1 de enero para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio de $20,34 vigente en las tarifas pagadas entre abril y setiembre, y el que se fue verificando desde junio, cuando las distribuidoras empezaron a pagar ese gas a las petroleras.

Si se aplica ese criterio, el aumento en octubre rondaría un 30% y en enero habría otra suba de alrededor del 15% por el cargo que se adicionará a las facturas.

En el gobierno suponen que un aumento total del 45% sobre las boletas de verano que son las de menor consumo del año, será políticamente posible. Pero también es cierto que ése será el piso desde el que se partirá para definir las tarifas a aplicar en el otoño e invierno de 2019.

Para ese momento, los que elaboran esta estrategia están pensando en aplicar la tarifa plana, de modo que en parte los consumos invernales se terminen pagando en los meses de menor consumo. Tendrán que dirimir entonces quién soporta el costo financiero porque este año no lograron un acuerdo sobre eso entre petroleras, transportistas y distribuidoras, y no se le puede transferir al público el costo de la iniciativa, por lo menos si ésa no es optativa.
(Ámbito)

Lunes, 24 de septiembre de 2018