El ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, serán los encargados de presentar el miércoles el proyecto de Ley de Pago Soberano en un plenario de comisiones del Senado que comenzará a analizar la iniciativa que impulsa el gobierno nacional.

El oficialismo confía en emitir dictamen al proyecto ese mismo día, de manera de poder tratar en el recinto la iniciativa en la sesión del 3 de septiembre.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores se realizará en el salón Azul del Senado.

Los bloques de la oposición de la Unión Cívica Radical (UCR), de UNEN, PRO y peronismo disidente, ya anticiparon que no apoyarán la iniciativa enviada por el Gobierno y que en algunos casos tienen previsto incluso impulsar proyectos propios en la materia.

El proyecto, anunciado el martes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, contempla la creación de instrumentos legales para el pago de los servicios de la totalidad de los tenedores de bonos y la reapertura del canje de deuda para que puedan ingresar los holdouts que mantienen títulos en default en su poder.

El Gobierno confía en que los tenedores de deuda reestructurada optarán de manera voluntaria por fijar un nuevo lugar de pago que les permita cobrar sus tenencias.

El proyecto no contempla el cambio de jurisdicción bajo el cual se emitieron los títulos.

El optimismo del las autoridades nacionales se sustentan en la evolución de la cotización de los bonos reestructurados, debido a que tras el anuncio la caída rondó apenas el 2 por ciento, lo que pondría de manifiesto que el mercado confía en que Argentina seguirá pagando.

En el Gobierno también afirman que los tenedores de bonos que no pueden tener otro lugar de cobro que por la vía Nueva York, pueden pedir el cambio de esa normativa, sobre todo si se tiene en cuenta que Argentina tiene el dinero para pagar.

En el Parlamento, la propuesta de cambio de lugar de pago para evitar que la justicia estadounidense bloquee los fondos argentinos genera disidencias dentro de la oposición, a tal punto que algunos senadores se abstendrían o votarían en contra de la decisión mayoritaria de su bloque.

Una muestra de las diferentes opiniones que provocó la iniciativa oficialista la dio el senador nacional Eugenio “Nito” Artaza (UCR), quien –a contramano de la postura de su bloque- afirmó que con el proyecto “la Argentina está demostrando al mundo voluntad de pago”, y vaticinó que la iniciativa será aprobada en el Parlamento.

El legislador radical consideró que la iniciativa “va a tener respaldo y legitimación política en el Congreso de la Nación”. “Seguramente –reconoció- habrá sectores que se van a oponer, pero me parece que la Argentina está pagando y es injusto que se apropie un juez de una jurisdicción distinta”.

En cambio, el senador radical por Mendoza, Ernesto Sanz, fundamentó su rechazo al señalar que "lo que preocupa es que las consecuencias que hoy se tomen tienen la implicancia en la inversión y en la economía que está cada vez más recesiva”.

Por el oficialismo, el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, dijo que confía en el proyecto se votará en los primeros días de septiembre y subrayó que el país atraviesa "un momento en el que hay que acompañar fuertemente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a debates muy importantes como el del pago de la deuda en jurisdicción argentina".

El proyecto enviado por la Presidenta al Congreso autoriza al Ministerio de Economía "a adoptar las medidas necesarias" para remover al Bank of New York Mellon como agente fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A.; sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los títulos reestructurados.

La propuesta contempla la creación de instrumentos legales para el cobro de los servicios de la totalidad de los tenedores de bonos y de aquellos que no ingresaron a los canjes implementados en 2005 y 2010.

Además declara de interés público la reestructuración de la deuda externa argentina concretada en esos años, ante el próximo vencimiento por 200 millones de dólares que la Argentina debe hacer frente el 30 de septiembre a los bonistas.
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Lunes, 25 de agosto de 2014