Ayer, la jueza federal Marta Yáñez ordenó tomar los testimonios de dos maquinistas de la Armada que intervinieron en el programa de reparaciones "media vida" del submarino ARA San Juan, desparecido el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes en las profundidades del Atlántico Sur.

Se trata de los suboficiales José Mercado y Luis Cruz, quienes formaron parte de los equipos multidisciplinarios que en 2014 concluyeron con la principal etapa de los trabajos ejecutados en dos astilleros. A ellos les correspondió intervenir en el cambio de los cuatro motores diésel.

De esta manera, la magistrada sigue avanzado en la recopilación de pruebas que permitan determinar fehacientemente las principales causas que motivaron la tragedia y establecer responsabilidades penales.

Si bien hay estricto hermetismo en esta causa que continúa caratulada como “averiguación de ilícito”, pudo saberse que ambos oficiales que pertenecen al arma de submarinos habrían manifestado que los trabajos que a ellos les correspondió se ejecutaron con éxito, pero también que hubo que efectuar algunos ajustes técnicos en otros dispositivo luego de que se realizaran las misiones de prueba.

Uno de ellos confirmó que la nave fue llevada al plano de los 200 metros de profundidad (tenía capacidad para alcanzar los 400 metros) y que no se registraron problemas, aunque los mismos comenzaron a evidenciarse al año siguiente del “media vida”, en forma de filtraciones de agua por tuberías y por el snorkel.

Marcado y Cruz conocían a la mayoría de los camaradas fallecidos y destacaron que todos ejercían sus funciones con gran profesionalidad, formulando además algunas conjeturas sobre los posibles motivos de la tragedia, entre ellos el ya confirmado ingreso de agua a la sala de baterías, lo que derivó en una explosión y posterior implosión del casco de la nave.

ENCADENADOS EN PLAZA DE MAYO

En tanto, gran parte de los familiares de los malogrados tripulantes se concentraron en Buenos Aires y permanecían ayer encadenados a las rejas que rodean la Casa Rosada, en Plaza de Mayo, ante una versión que daba cuenta de que el Ministerio de Defensa había anulado la licitación que se adjudicó la empresa española Igeotest Geoscience para reanudar la búsqueda del submarino, a la cual se acordó pagarle 3,7 millones de dólares.

Habría sido la abogada Valeria Carreras -que representa como querellante ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia a un reducido grupo de familiares de la malograda tripulación- quien solicitó la impugnación del proceso licitatorio, argumentando supuesta falta de idoneidad, insolvencia financiera e incumplimiento de las condiciones exigidas en el pliego de contratación de Igeotest.

Si bien a decir de otro de los querellantes, Luis Tagliapietra, el ministro de Defensa Oscar Aguad desestimó ayer tal posibilidad, los familiares que comenzaron a encadenarse en la tarde del miércoles, igualmente decidieron mantener la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Es que además reclaman que el operativo de búsqueda se reanude cuanto antes, pero de acuerdo a lo que semanas atrás comentó Tagliapietra a El Patagónico, Igeotest recién podría iniciar el operativo a fines de julio. Ello en razón que aún están efectuándose trabajos de acondicionamiento del buque oceanográfico “Austral” del INIDEP que transportará al equipo sumergible de alta tecnología que aportará la empresa española. (El Patagónico)

Viernes, 29 de junio de 2018