El 18 de noviembre del año 2010, el Consejo Superior de la Casa de Altos Estudios se sumó al reclamo por el pronto tratamiento y aprobación de una norma sobre interrupción voluntaria del embarazo no deseado en el ámbito del Congreso de la Nación.

En el año 2010, a raíz de una solicitud presentada por el Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se manifestó a favor de la despenalización y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado y se convirtió así en la sexta Casa de Altos Estudios del país que reclama el pronto tratamiento de una norma relativa a esta problemática en el ámbito del Congreso de la Nación.

Tal como los hicieran oportunamente las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata y Comahue, el Consejo Superior de la UNPA tomó la decisión de apoyar - como cuerpo colegiado- esta iniciativa de Las Juanas y sugerir a las unidades académicas la generación de espacios y actividades que contribuyan a garantizar la discusión y el debate en torno a este tema, en articulación con distintos actores sociales y con la comunidad en general.

La resolución de la UNPA, que demandó un amplio debate en el seno del Consejo Superior, hace fuerte hincapié en los derechos individuales de las personas y en la responsabilidad que les cabe a las universidades como instituciones públicas y repara también en la necesidad de llevar al campo de la salud pública a una problemática por la cuál muere una mujer cada dos días en Argentina.

La Sesión del Consejo Superior se inició el 18 de noviembre de 2010, con una exposición a cargo de Lucrecia Vivanco y Romina Behrens, referentes del Colectivo Las Juanas, quienes explicaron que la clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad materna en el país y brindaron un panorama sobre los diferentes proyectos de despenalización y legalización de la interrupción del embarazo no deseado que esperan su tratamiento.

Pero la solicitud de Las Juanas a la UNPA se basó en el acompañamiento de un proyecto en particular surgido en el ámbito de la Cámara de Diputados, que a fines de este mes sería objeto de tratamiento por parte de la Comisión de Legislación Penal. Esta iniciativa busca establecer que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.

El proyecto establece además que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud” y que fuera de las doce semanas de gestación solo podrá interrumpirse un embarazo si fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.

El proyecto llevó las firmas de los diputados Juliana Di Tulio, María Luisa Storani, Miguel Ángel Barrios, Nélida Belous, Fabián Peralta, Paula Merchan, Adriana Puiggrós y Victoria Donda, entre otros.
Las Juanas es un colectivo de mujeres que proviene de diversas experiencias de militancia social, política y de derechos humanos y que promueve acciones alrededor de temas tales como género, violencia, derechos sexuales y reproductivos, trata de mujeres, y participación social y política.

Justicia social

La rectora de la UNPA, Eugenia Márquez, en su momento dijo que “el Consejo Superior no solo votó, sino que decidió discutir fuerte y profundamente en torno de la legislación nacional sobre la interrupción del embarazo y la despenalización del aborto”.
“Más allá de las creencias religiosas o ideológicas, se puso sobre la mesa que el aborto existe, que atraviesa a las religiones, y por eso lo que se busca es dar mayor transparencia al tema para que quién decide hacerlo, con todo lo que conlleva tomar esa decisión, lo haga en condiciones sanitarias adecuadas y no en la clandestinidad, que es un ámbito que vuelve a poner en condiciones de injusticia a quién no tienen recursos respecto de quién sí los tiene”, acotó.

Márquez indicó que “el hecho de que el tema haya llegado al Parlamento y que tenga posibilidades de ser tratado a fin de este mes es un avance en términos de una realidad” y aclaró que el Consejo Superior “se expidió como cuerpo, porque en general los temas se ponen a discusión primero en las sedes”.
“Esto no es una norma que establece la universidad, sino que lo que se hace es una declaración sobre la necesidad de buscar una legislación mejor para un tema que es una realidad y que vuelve a ser discutido en términos de justicia social”, precisó.

En este contexto, la rectora reconoció que “despenalizar no resuelve el problema, porque hay muchas otras cosas que están en juego, que tienen que ver con lo cultural, con la formación real de cada una de las personas, y no solo de la mujer, sino también del varón, porque esto es algo compartido” y por eso destacó la decisión de “generar desde la universidad acciones sistemáticas y sostenidas respecto de un tema tan sensible y complejo como el aborto”. (Fuente: Unpa.edu.ar



Jueves, 14 de junio de 2018