El país entra este lunes en situación de moratoria durante un mes. Si en ese tiempo los bonistas no cobran, estarán en condiciones de hacer reclamos judiciales.

A partir de hoy empieza a correr para Argentina un período de 30 días de gracia durante el cual el gobierno debe lograr un arreglo en la negociación con los holdouts que obtuvieron un fallo a su favor de la justicia norteamericana, para evitar que el país caiga en un default técnico de su deuda pública.

Ese compás de espera se abrió luego de que el juez neoyorquino Thomas Griesa ordenó el viernes que el monto que había depositado un día antes el gobierno argentino en la cuenta del Bank New York Mellon (BONY) para pagarle hoy a bonistas regulares sean devueltos al país, con lo cual evitó un eventual embargo, y por ende, una situación de default para Argentina.

En ese contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA), convocó para hoy a una "reunión extraordinaria" de su Consejo Permanente ante un pedido del gobierno argentino para informar sobre la reestructuración de la deuda en el marco del litigio contra los fondos buitre.

De ser concedida esa solicitud, los cancilleres de los países miembros del organismo se reunirán el jueves en Washington para analizar el proceso de reestructuración de la deuda y el litigio contra los holdouts, y los detalles serían expuestos por el ministro de Economía Axel Kicillof.

Ante esta nueva instancia, el diputado nacional Claudio Lozano (Unión Popular) planteó que "Argentina puso el dinero y el Banco de Nueva York, que es el agente de pago, como le debe fidelidad a Griesa no pudo cumplir con su rol que es transferir a los bonistas" regulares los fondos girados.

Lozano explicó que frente a esto "Argentina tiene la posibilidad de separar al banco. Eso permitiría nombrar al Banco Central o al Banco Nación como agente de pago" y "en ese momento puede hacer por contrato lo siguiente: llamar al conjunto de los bonistas para hacer una asamblea y proponerles (pagarles) en sede local". "Esa es la salida que tiene Argentina para no reconocer un fallo que tiene un efecto que incrementa de manera absolutamente imposible el endeudamiento del país", analizó.

El ex presidente Fernando de la Rúa defendió el megacanje de bonos de deuda pública de 2001 al afirmar que "no fue malo" ya que "en ese momento era necesario patear para adelante vencimientos" que el país "no estaba en condiciones de pagar".

"Lo único que tenemos que evitar, como la peste, es el default real o técnico" porque consideró que eso "sería muy malo para el país", remarcó.

En igual línea, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, sostuvo que era "muy importante que la Presidente (Cristina Fernández) salga cuanto antes del error en el que ha caído al echar la culpa de lo que está aconteciendo al Blindaje de 2000 y al Megacanje de 2001", y alegó esas operaciones "fueron formas inteligentes de evitar el default y prepararon el terreno para una reestructuración de la deuda pública que podría haber sido completa, exitosa y sin secuelas judiciales posteriores" Asimismo, pidió que el gobierno diseñe "una forma de pago que sea factible" con los holdouts y que "termine con los conflictos que han mantenido a Argentina aislada de los mercados".

Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, a la situación con los holdouts se llegó porque el gobierno manejó las decisiones de la reestructuración de la deuda "con soberbia" y con funcionarios que "no estaban a la altura de esta negociación".

Por su parte, el vicepresidente de la calificadora de riesgo Moody´s, Gabriel Torres, juzgó que "el problema con este Gobierno es que nunca se sabe qué va a hacer y la estrategia con los holdouts es un ejemplo", en tanto ratificó que por ahora esa agencia no tiene previsto bajar la nota al país.

Lunes, 30 de junio de 2014