El juicio, que prevé la declaración de unos 50 testigos, podría desembocar en la destitución del fiscal, según el pedido de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El ya suspendido fiscal de instrucción José María Campagnoli comenzó a ser juzgado hoy por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal acusado por presunto mal desempeño de sus funciones.

La acusación está contenida en una resolución del Consejo Evaluador que fue leída al comienzo del jury, que se realiza en la sede de la Procuración General de la Nación, en la Avenida de Mayo al 700 de esta capital.

Campagnoli está acusado de "haber cambiado el objeto procesal de una causa", "abuso de autoridad" y de una "actitud desafiante frente a las instituciones".

Tras la lectura de la resolución, el defensor de Campagnoli, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, pidió la nulidad de la acusación aduciendo que "no determina los hechos concretos que se le imputan" al fiscal.

A su vez, el fiscal acusador Marcelo García Berro solicitó incorporar como nuevas pruebas en el juicio las irregularidades detectadas en la fiscalía de Nuñez-Saavedra a cargo del fiscal suspendido donde se hallaron más de 1.500 fotos de vecinos, muchos de ellos menores.

El proceso contra Campagnoli tiene el aval de la justicia, que la semana pasada rechazó el amparo que Gil Lavedra presentó intentando anular la resolución que lo llevó al juicio.

Campagnoli sostuvo que su juicio no se debe a su mal desempeño sino porque fue "demasiado eficiente" en causas que involucran al empresario Lázaro Báez.

Para la acusación, en cambio, el fiscal supendido cometió "graves irregularidades" en distintas causas, como la divulgación de detalles de investigaciones que tienen carácter reservado, la invasión de competencia de otros fiscales y violación al principio constitucional del debido proceso.

José María Campagnoli es uno de los 49 fiscales de instrucción que tiene la justicia, y no tenía competencia para investigar delitos federales, tal como es el lavado de dinero.

La causa Báez, iniciada después de una denuncia televisiva, presuponía que la investigación de ese delito federal debía ser investigado por jueces federales y no de instrucción.

Al fiscal se le reprocha haber cambiado el objeto procesal de un sumario en el que el financista Federico Elaskar, procesado en el fuero federal por "lavado de activos", pasó de denunciado por presunta defraudación a presunta víctima del delito de extorsión, con relación al manejo y cesión de la firma SGI.

Según la denuncia, Campagnoli "se arrogó una investigación que tramitaba en otro fuero" y a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien luego pidió cerrar el expediente por falta de pruebas.

A partir de entonces "fue llamativa la publicación de los avances de la investigación del fiscal en los medios de comunicación", consignó entonces Gils Carbó, quien señaló que, en cambio, "los imputados se les impedía el acceso" a las actuaciones judiciales, lesionando sus derechos de defensa.
IMPRIMIRACCESIBLEACCESIBLE



Martes, 17 de junio de 2014