Un juez camarista penal de la Primera Circunscripción del Poder Judicial rionegrino fue imputado por el delito de “corrupción de menores”, en el marco de la investigación que tiene por objetivo desbaratar a la “banda de los viejos”.

El martes en horas de la mañana se efectuó un allanamiento en una chacra, propiedad de este juez, ubicada a varios kilómetros de Viedma.
Se trata de Juan Carlos Bernardi, integrante de la Cámara en lo Criminal, quien ayer a última hora emitió un comunicado, adelantando el uso de la licencia para que “actúe la Justicia”, y declarándose inocente (Ver página 6).
La carátula de la causa lleva el nombre de Bernardi y el de otras seis personas más, todas de sexo masculino y mayores de edad. La lista incluye empresarios, funcionarios ejecutivos y al magistrado.
Ahora, según pudo saber este medio, resta la recolección de más pruebas para que sean incorporadas al expediente.
La investigación la lleva a cabo el juzgado de Instrucción 2 a cargo del doctor Favio Igoldi, con la colaboración de la Fiscalía de Juan Pedro Puntel.
Las fuentes consultadas remarcaron además que los elementos obtenidos hasta el momento, si bien no son suficientes para procesar a nadie, alcanzarían para involucrar a las personas denunciadas por las víctimas.
En cuestión de horas se hará el llamado de los imputados para que se apersonen en el despacho de Igoldi, con el objetivo de tomarles la respectiva declaración indagatoria.
La investigación cobró trascendencia entre la tarde del pasado martes y ayer, y generó un cuadro de conmoción en la comunidad en general, y en el Poder Judicial en particular, por tratarse de personas bien conocidas.
Fuentes judiciales informaron a Noticias que la denuncia penal fue realizada por particulares.
Por último, trascendió que avanza en el fuero federal una causa por “trata de personas” que involucraría a estas mismas personas.

El Consejo de la Niñez analizará el caso

La presidente del Concejo Deliberante Patricia Antonio adelantó para hoy la primera reunión del Concejo Municipal de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes impulsada por los hechos que tomaron estado público y que involucran a menores explotadas sexualmente.
A pocos días de iniciado el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, el órgano consultivo local continuará su labor en la definición de ejes de trabajo directamente relacionados con la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que se ven diariamente vulnerados a través de distintas formas de explotación.
Se espera en este encuentro la presencia de la totalidad de los integrantes, pertenecientes no sólo a los poderes Ejecutivo y Legislativo local, sino además a referentes de la Red de Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, distintas organizaciones no gubernamentales y representantes de juntas vecinales.
Arroyo: “No es una denuncia aislada, hay fotos como prueba”

El ministro aseguró que hay registros visuales que comprometen a empresarios y funcionarios cuyos nombres son reconocidos por la comunidad. Sigue la conmoción tras la denuncia.

El ministro de Desarrollo Social Ricardo Arroyo se refirió a la causa que conmociona por estas horas el ambiente público de la comunidad. Además de dar detalles de la denuncia realizada contra “la banda de los viejos” se refirió a pruebas colectadas.
También hizo mención al “silencio” de la Justicia, y a los esfuerzos realizados para preservar la identidad de las menores víctimas.
“No estamos hablando de declaraciones, hay fotos como pruebas” que demuestran que “hay funcionarios judiciales, empresarios y hasta funcionarios del propio ministerio de Desarrollo Social involucrados” que “iban a buscar favores sexuales”, dijo Arroyo.

“Es una situación puntual que se dio el año pasado. Ante declaraciones de chiquitas que tenemos bajo protección realizamos las denuncias correspondientes en el fuero provincial y el federal”, explicó Arroyo a Radio Noticias.
“Tres nenas denuncian que han prestado servicio sexual en una vivienda, no se trató de una cuestión aislada, sino de un metodología”, y detalló las edades de las víctimas: “Tienen 13, 14 y 15 años” por eso “las declaraciones fueron en cámara Gesell donde explicaron lo que hacían”.
Además, Arroyo afirmó que “los funcionarios públicos debemos quitarnos las caretas, es muy fácil decir cosas como erradicar la trata‘, y destacó ‘la valentía de algunos funcionarios (del Ministerio de Desarrollo Social) que recibieron presiones por acompañar a las chiquitas a hacer las denuncias ante el juzgado provincial y luego el federal”.

El ministro también reconoció “la valentía de algunos medios de comunicación que investigaron y sacaron a la luz. Medio Poder Judicial de Viedma está al tanto de esto. Nos manejamos con un silencio de radio y eso está mal”.
“Esto no es un hecho aislado. No hay que meter la basura debajo de la alfombra, esto pasa en nuestra sociedad. Hay que mirar a la vuelta de la esquina, en nuestro barrio. Muchas veces los funcionarios creemos que con una ley solucionamos o una resolución y está todo solucionador y no es así”, dijo Arroyo.

“Los regentes de cabarets no pensaron ‘uy, nos jodieron el trabajo, ahora tenemos que ir a cosechar tomates”. Hoy los fiolos siguen existiendo y lo hacen en casas particulares. Con las mujeres grandes que lo hacen a voluntad no me meto, pero sí cuando hay chiquitas obligadas (a prostituirse). Hoy (los prostíbulos) están a la vuelta de la esquina, en cada barrio”, explicó.
Sobre la situación que envuelve a los involucrados, Arroyo dijo: “Trasladamos con total sigilo a dos de las chiquitas fuera de Viedma. A pesar de todas las precauciones, algunos de los acusados sabían a los 10 minutos a dónde las llevamos”. (Noticias Net)

Jueves, 19 de marzo de 2015