La embajada del Estado de Israel en Buenos Aires fue volada por un atentado terrorista ocurrido un 17 de marzo de 1992, que dejó un saldo de 22 muertos y 242 heridos. A 23 años, la investigación a cargo de la Corte Suprema de Justicia no arrojó resultados concretos sobre los autores materiales e intelectuales de aquella masacre.

A las 14.47 de aquel martes 17 de marzo, el centro de Buenos Aires se sacudió por una explosión en Arroyo 916, domicilio de la sede diplomática israelí en Argentina.

En medio de la conmoción causada por el ataque, el entonces presidente Carlos Menem lanzó una rápida conjetura sobre los autores del hecho: "Los responsables son sectores del nazismo y sectores que fueron derrotados en el país", en obvia alusión a los carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.

Sin embargo, la principal hipótesis de la investigación se inclinó a culpar a la organización Hezbollah, con base en Líbano y apoyada por la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual del ataque.

Como el atentado afectó a una delegación extrajera, la investigación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo de ese año abrió el expediente 143/1992.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 15 de la Policía Federal. Un dato llamativo es que la Corte rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de la Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión, quienes fueron citados a declarar, junto al titular de la comisaría 15, recién cuatro años después del atentado.

Al momento del hecho, se realizaban obras de remodelación en la sede diplomática y los familiares de las víctimas pidieron que los propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos prestaran declaración en la causa.

El ministro de la Corte Ricardo Levene, quien estaba a cargo del expediente, formuló en 1996 la teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior.

Otros peritos señalaron la presencia de una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro, y que, cargada de explosivos, fue conducida por un suicida que la estrelló contra la delegación diplomática.

Esa terminó siendo la versión oficial sobre el ataque que se impuso tras la creación, en 1997, de una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario del tribunal que encabeza el Poder Judicial argentino.

La detención de cuatro ciudadanos de Pakistán y la imposibilidad de determinar el número exacto de muertos, son dos hechos que indican la manera en la cual Levene llevó el caso hasta la puesta en funciones de Canevari.

Los ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después de ataque y aunque fueron liberados una semana después, continuaron vinculados a la causa durante siete años, hasta que resultaron sobreseídos.
El expediente por la voladura de la Embajada, en la que el Estado de Israel no figura como querellante, acumula 250 cuerpos, mientras las víctimas siguen esperando Justicia.
En cuanto a la cantidad de víctimas, se dijo primeramente que hubo 29 fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que hubo en realidad 22 víctimas fatales.

Ese año, la investigación pareció cobrar un nuevo impulso, al solicitar Canevari la captura internacional de Imad Mughniyieh, jefe militar de Hezbollah, que murió hace cinco años en Damasco, Siria, por un operativo militar ejecutado presuntamente por fuerzas israelíes.

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la causa como "imprescriptible".

"Nosotros queríamos que se considere el atentado como un delito de lesa humanidad, pero quedamos conformes con un fallo que ordenó que la investigación siguiera", le confió a Télam la abogada Rita Janá, representante de la querella de los familiares junto al letrado Ignacio Irurzun.

Con esa acordada, el tribunal ratificó el trabajo de Canevari, a pesar de los escasos avances verificados en la investigación, y confirmó las órdenes de captura pedidas por el secretario.

Fuentes judiciales le confiaron a esta agencia que la Corte solicitó, hace dos años, a los servicios secretos de Estados Unidos y Europa que acercaran información sobre el atentado, pero con distintos argumentos todos ellos se negaron a colaborar con la causa.

Télam confirmó además que un ciudadano iraní llamado Hussein Suleiman fue apresado en Jordania, donde habría confesado haber colaborado con la preparación del ataque, un dato que la ex SIDE le acercó a la Corte, y que no figura aún en el expediente, porque no pudo ser respaldado con ninguna prueba documental.

"La hipótesis que se trabaja en la causa es que una célula entró desde el exterior, puso la bomba y se fue. Nosotros creemos que debió existir una conexión local y se debe profundizar en este punto", apuntó Janá.

El expediente por la voladura de la Embajada, en la que el Estado de Israel no figura como querellante, acumula 250 cuerpos, mientras las víctimas siguen esperando Justicia.

El 18 de julio de 1994, otro atentado voló la mutual judía de la AMIA en el barrio de Once y provocó 85 muertos en un hecho que tampoco pudo esclarecerse y que nadie pudo desvincular fehacientemente de la matanza de la calle Arroyo.

"Tenemos que seguir reclamando justicia y pidiendo que la investigación continúe. Las víctimas del terrorismo de Estado esperaron muchos años por una Justicia que finalmente llegó. Esa lucha la debemos tomar como ejemplo y no bajar los brazos. La verdad llegará algún día", enfatizó la abogada querellante.
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Martes, 17 de marzo de 2015