La conducción del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz resolvió retirarle momentáneamente los fueros gremiales a Martín Oñate y a Néstor Vivares, quienes tras estar detenidos en alcaidías de Pico Truncado y Caleta Olivia por algo más de tres meses, el martes recuperaron su libertad por resolución del juez de recursos Miguel Angel Meyer.

La conducción del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz resolvió retirarle momentáneamente los fueros gremiales a Martín Oñate y a Néstor Vivares, quienes tras estar detenidos en alcaidías de Pico Truncado y Caleta Olivia por algo más de tres meses, el martes recuperaron su libertad por resolución del juez de recursos Miguel Angel Meyer.
Ambos eran miembros de la comisión directiva que encabeza Claudio Vidal y mañana serán notificados formalmente de lo que dispusieron los restantes integrantes de la mesa de conducción.

La novedad fue confirmada esta tarde en una conferencia de prensa ofrecida por Vidal, acompañado por los secretario adjunto y de organización, Raúl Uribe y Fernando De Souza, entre otros dirigentes, inmediatamente después de que se firmara un convenio con una empresa constructora que se ocupará de edificar la nueva sede que tendrá la institución en Pico Truncado.

Respecto a los suspendidos, Vidal dio a entender que tanto Oñate como Vivares se tomaron atribuciones no fueron consensuadas por el resto de la dirigencia, en clara alusión al bloqueo que se hizo en la empresa de servicios Bacsa, en Las Heras, hecho que motivó que el juez de instrucción de esa localidad, Eduardo Quelín ordenara a la fuerzas policiales que procedieran al arresto de seis petroleros, entre ellos los dos miembros de comisión directiva.

Respecto al tercer trabajador liberado el martes, Jorge Armoa, se indicó que su situación debe ser resuelta en otro ámbito gremial dado que se trata de un delegado y no de un miembro de comisión directiva.

Por otra parte, Vidal rechazó las críticas que los ex detenidos hicieron para con la conducción dado que el gremio puso a disposición desde un primer momento a un grupo de abogados para que asumieran la defensa.

Paralelamente se ayudó económicamente a sus grupos familiares y referentes de la conducción los visitaron en las unidades de detención.

Vidal también refutó las críticas de otros sectores petroleros, argumentando que las mismas provienen de referentes de la Federación (liderada por Alberto Roberti) que permanentemente buscan desestabilizar a la nueva dirigencia del gremio de base que asumió hace solo seis meses.

Asimismo, evaluó que si bien era ponderable el apoyo que brindaron a los detenidos algunos partidos políticos de izquierda y gremios de la CTA, consideraba que en la faz legal, estas manifestaciones no incidieron en la resolución de juez de recursos dado que el mismo tuvo que dictarla en base a los planteos de excarcelación que hicieron los abogados del gremio.

Como corolario, reveló que ahora el Sindicato Petrolero debe pagar 400 mil pesos en concepto de costas del proceso judicial y además afronta una demanda de algo más de 3 millones de pesos por parte de la empresa Bacsa, que demandó a la entidad por daños y perjuicios.

Jueves, 29 de mayo de 2014