Uno de los allanamientos de ayer se produjo en el Concejo Deliberante y se centró en el archivo, donde más allá de algunos expedientes relacionados con la adjudicación de tierras se incautó documentación vinculada con la licitación del Parador Costero que el año pasado se aprobó en doble lectura aunque la licitación fue suspendida hace pocas semanas “por tiempo indeterminado”.

En el Concejo las fuerzas federales solo buscaban un expediente: el que tenía que ver con la licitación del parador costero, la cual hace poco fue suspendida “por tiempo indefinido”.
En una situación inédita, la Justicia Federal ordenó ayer un allanamiento en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, tarea que se enfocó en una sola área del edificio: el archivo.

Integrantes de la Policía Federal y de Prefectura ingresaron al lugar sobre las 8:20. El oficio judicial fue recibido por el asesor letrado del cuerpo, Miguel Hernández, mientras que los concejales que integran la comisión de receso de enero no pudieron ingresar al edificio hasta cerca de media mañana.

Mientras ninguno de los ediles conocía cuál era la búsqueda específica y se presumía incluso que se estuviera buscando información relacionada con la ordenanza de Responsabilidad Social Empresaria, según la información que pudo recabar Diario Patagónico, el foco de las pesquisas fue la documentación vinculada al pliego licitatorio del Parador Costero.

La posición lógica, tanto de los concejales como del viceintendente a cargo del Ejecutivo, Carlos Linares, fue la de colaboración, aunque ninguno de ellos dejó de admitir la sorpresa del caso.

“No esperábamos un allanamiento, pero estamos poniéndonos a disposición de la Justicia; no hay nada para ocultar”, dijo Linares durante las primeras horas de los allanamientos que abarcaron también el tercer piso del edificio municipal de Rivadavia y Moreno -donde funcionan las áreas contables y de Hacienda del Ejecutivo-; también el sector de compras y la Secretaría de Tierras.

Según Linares, el hecho era una muestra de claridad dado que “la gente a veces piensa que un poder no tiene incidencia en el otro, no puede investigar y acá se ve que sí”, y anticipó que en torno a esta investigación la juez Eva Parcio ya había solicitado mediante un escrito una serie de información vinculada sobre una empresa, lo que la comuna había respondido tres días antes del vencimiento del plazo impuesto.

“Me sorprende, lógicamente. No es normal que vengan a allanar el municipio, pero el que nada oculta nada teme. Estamos a disposición, entregamos todo y no hay que olvidar que detrás de esto hay una gestión municipal”, dijo Linares mientras hacía votos para que la investigación avance y se aclaren los hechos.

SORPRESA Y TRISTEZA

Una posición pública similar tuvo la concejal Viviana Navarro (FpV), quien sobre mediodía desconocía aún el contenido del oficio librado para allanar el Concejo. La edil señaló que la juez federal consideró pertinente buscar información allí y que la casa legislativa aportaría lo que tuvieran.

“No sé qué han venido a buscar. Si nuestros archivos sirven, esta es la casa del pueblo. Si necesitan información acá, que busquen. Me sorprende la situación que no hace más que hacer caldo de cultivo para lo mediático porque el Concejo no tiene nada que ver con la causa, pero somos un poder del Estado y si el Judicial necesita de este Legislativo herramientas o información, no me parece mal”, planteó.

Desde la UCR, el concejal José Gaspar añadió a la sorpresa la “tristeza” dado que “nos pueden hacer críticas por la labor, o lo que puede atenderse antes o después, pero los órganos legislativos son lo más importante que tiene el sistema democrático y hoy encontrar que no podíamos entrar al lugar de trabajo fue raro. Además, en el Concejo solo se aprueban o rechazan proyectos. Uno se pregunta por qué se allana acá”.

En función de que el allanamiento fue por un expediente específico, para muchos resultó llamativo que se desplegara el procedimiento en vez de cursar un oficio o pedido formal. Consultado al respecto, Gaspar abonó a la posibilidad del pedido en lugar del allanamiento. “A mí no me gustó en absoluto. Me parece que había otros instrumentos, pero no soy quién para decirlo; la jueza determina sus acciones. Se podría haber hecho lo mismo con un oficio y sin ensuciar tanto la imagen del Concejo”, consideró. (Patagónico)

Viernes, 30 de enero de 2015